Educación en Canarias
En declaraciones a uno de los periódicos señeros de las islas, Milagro Luis Brito señalaba su convicción de que “la conflictividad en Educación es alentada por la oposición”, como si olvidara que fue hace menos de un año cuando los propios sindicatos, encabezados por CCOO, decidieron iniciar las movilizaciones por la homologación salarial del profesorado con el resto de funcionarios de Canarias. Por otra parte, es evidente que sería mucho más cómodo tomar medidas sin la existencia y la actividad de una oposición pero eso dejaría sin voz a una parte de la población y si bien comparto que Canarias presenta singularidades con respecto a otras regiones, argumento que ha sido esgrimido para dejarnos fuera de un informe internacional (de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo) sobre el rendimiento académico de los alumnos de 15 años, me niego a pensar que estas particularidades consistan en una tendencia al autoritarismo. En resumen, el hecho de que la parte ciudadana en el conflicto esté respaldada en la actualidad por la oposición no arroja nada nuevo al juego político de cualquier sistema en el que cada partido se emerge como defensor de las causas más justas.
El origen real de la movilización surgió entre el colectivo de profesores de la enseñanza pública, que reivindicaban su posición salarial, y el ejecutivo autonómico que durante los últimos 15 años no ha querido hacer frente a sus demandas.
El pasado lunes, 17 de diciembre, se firmaba un preacuerdo que según don Emilio Armas, delegado de la Junta de Personal Docente no Universitario de Las Palmas, “no sólo no responde a las expectativas de homologación del profesorado con el resto de funcionarios de la Comunidad, sino que además, lapida toda esperanza de alcanzar dicho objetivo en el futuro y, lo que es peor, genera diferencias salariales entre el propio profesorado”. Para empezar, las diferencias salariales entre un docente y cualquier otro funcionario oscilan entorno a los 400 euros, es decir, los docentes cobran 400 euros menos que cualquier otro funcionario. Con el preacuerdo, firmado por 6 de los 10 sindicatos partícipes en la movilización (CCOO, Anpen, Insucán, Sepca…. CSI-CSIF y OCESP) las diferencias se harán evidentes incluso con respecto a los propios docentes de otras consejerías (Consejería de Pesca y Agricultura o con los que la Consejería de Turismo).
El preacuerdo será sometido a la voluntad del profesorado en los próximos días mediante un referéndum y en el caso de que el colectivo rechace su postura se retomarán las negociaciones con la Administración.
Dejando de lado las reivindicaciones de los docentes debemos prestar atención a los pasos que ha tomado el Gobierno hacia la resolución del pleito.
La correspondencia mantenida entre la consejera de educación tanto con los profesores como con las madres y padres se hacía eco de la necesidad de compartir las responsabilidades y de implicar a las familias y al conjunto de la sociedad en la educación de los niños y niñas en orden a conseguir el mayor rendimiento académico. Pero este trabajo, que en efecto nos compete a todos, no es posible llevarlo a cabo si no se conocen y difunden los defctos de nuestro sistema educativo y las posibles medidas para obtener una mejora de la calidad de la enseñanza, luz que es arrojada por los trabajos estadísticos de especial relevancia a nivel internacional como sin duda es el Informa PISA, del cual el gobierno autonómico no ha solicitado el estudio en profundidad de la situación en el archipiélago.
Finalmente: tenemos al sector de los profesores dividido con un amplio grupo de docentes que continuan insatisfechos con la solución ofrecida, a un gobierno que parece acomodado en la estrategia del divide y vencerás, la desconfianza del ejecutivo hacia un informe proveniente de un organismo internacional a cuyo estudio se somete gran parte de los países y la escasa consideración hacia el papel de la oposición que también representa a un sector de la sociedad, que como ellos bien saben, no es nada minoritario.
El debate está servido.